Leo en El Correo de hoy que el Departamento de Interior del Gobierno Vasco abrirá un servicio para que los ciudadanos aporten pistas sobre ETA. Supongo que su puesta en marcha será debida a que han comprobado que hay personas que tienen pistas y no las aportan porque no saben dónde hacerlo. Me choca esa impresión cuando en muchos centros oficiales hay carteles con los militantes de ETA más buscados y los números de teléfono que se pueden utilizar para aportar indicios. Igual el problema es el tema del anonimato que, según la noticia, quedará garantizado.
La explicación de la apertura del servicio no es ninguna de esas dos. La propia noticia dice que quiere ser una aplicación práctica de la filosofía defendida por el Lehendakari López de impulsar una mayor implicación de la sociedad vasca en el final del terrorismo. Es un poco cansino este argumento. El Gobierno debería centrar sus esfuerzos en difundir una cultura de paz y de respeto a todos los derechos humanos, no en convertir a los ciudadanos en policías.
Tengo que reconocerlo, no me gustan este tipo de medidas. Me parece que son poco garantistas. Me explico. Un vecino mío me ve hacer algo extraño y llama a uno de estos números y se inicia una investigación sobre mi persona. Una cosa es que lo hagan porque en el curso de unas pesquisas hayan encontrado algún indicio y otra muy diferente es utilizar un método como éste.
Me genera muchas dudas. En cambio, lo que me parece inconcebible es el objeto de este servicio. No está dirigido sólo a recabar información sobre ETA o la kale borroka, también a denuncias relativas a la colocación de fotos de etarras. Hay que recordar al Gobierno que los jueces no se han mostrado inequívocos respecto al carácter delictivo de la colocación de fotos. No es lo mismo una foto que busca convertir al personaje en un héroe que la que pretende denunciar que no haya sido puesto en libertad por sufrir una enfermedad incurable.
En resumen, me suena a que esta medida es una herramienta de publicidad más de lo que el Gobierno denomina la “tolerancia 0″. Mi consejo es que si quieren deslegitimar realmente la violencia deberían centrarse más en ejemplos como el del Ayuntamiento de Donostia.
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Hoy he escuchado la tertulia de Radio Euskadi, en la que han participado Garbiñe Biurrun, Ignacio Escolar, Juanjo Alvarez y Joseba Arregi. Han debatido sobre la deslegitimación del terrorismo al hilo de un decálogo presentado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo para prevenir que la juventud comprenda o apoye el uso de la violencia.
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Por supuesto esto no lo digo yo. Es lo que me ha soltado un alto responsable del Gobierno Vasco en una reunión que hemos mantenido hoy. No daré más datos porque el contenido de este tipo de encuentros debe mantenerse en el ámbito de la discreción. Lo comento porque me ha llamado mucho la atención.
No sé cómo se puede llegar a esa conclusión. Si se repasan los últimos comunicados que Lokarri ha hecho públicos en relación al asesinato de Eduardo Puelles y al atentado en Mallorca, no puede haber lugar para la duda. Es cierto que no utilizamos la palabra condena, tampoco tenemos el cartel de “ETA no” en nuestra web ni empleamos el insulto para referirnos a la propia ETA. Tenemos nuestra propia terminología, igual de clara que otras. ¿Por qué se tiene entonces esta impresión?
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Esta pregunta la propone Enrique Curiel, exdiputado socialista, en un interesantísimo artículo de opinión que escribe hoy en Deia. Comienza Curiel preguntándose sobre la definición y el contenido de la deslegitimación de la violencia:
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