Parece que los mensajes en torno a la paz, el rechazo a la violencia y la necesidad de diálogo se han instalado en la resignación. Tras el último atentado de ETA, el asesinato de Eduardo Pueyes, se han transmitido dos mensajes fundamentales. En primer lugar, que la sociedad vasca únicamente tiene un papel que cumplir deslegitimando la violencia. En segundo lugar, que es necesaria la unidad de los partidos democráticos frente a la violencia. Ambas ideas encierran un llamamiento a la pasividad, no a contribuir de manera efectiva para que la paz, el diálogo y el acuerdo sean posibles.
La sociedad vasca ha mantenido durante los últimos años un posicionamiento claro y firme en contra de la violencia de ETA y a favor de todos los derechos humanos de todas las personas. No hay un déficit en los pronunciamientos reclamando el fin de la violencia, aunque se haya podido leer y escuchar en los medios de comunicación que la sociedad vasca está enferma y que carece de un posicionamiento moral claro y contundente frente a ETA. Nada más lejos de la realidad. La sociedad vasca ha sido y es el principal activo por la paz. Por mucho que desde las instituciones públicas y los partidos políticos se hubiese impulsado la movilización frente a ETA, sin la participación de la ciudadanía la contribución a la paz no hubiera dado resultado. Es más, en muchos momentos de nuestra historia reciente la movilización ciudadana ha ido por delante de los propios representantes políticos.
Ahora bien, en los últimos años la movilización ciudadana contra la violencia ha venido acompañada también por la reivindicación activa del diálogo como camino para buscar una solución compartida a los problemas que afectan a la sociedad vasca. En este sentido, se percibe que desde las instituciones públicas, principalmente el Gobierno Vasco, se hacen llamamientos a dialogar poco concretos, principalmente centrados en buscar acuerdos entre los partidos para combatir el terrorismo, dejando a un lado el diálogo sobre cuestiones políticas y condicionándolo al final de la violencia. Este diálogo ofrece una contribución muy limitada a los esfuerzos por la paz y la mejora de la convivencia.
Las instituciones públicas, el Gobierno Vasco y los partidos políticos tienen que asumir su papel de impulsores activos de la paz y la convivencia. Una posición de resistencia pasiva frente a la violencia es muy limitada y ofrece escasos resultados. Debe ir acompañada de una política activa de legitimación de todos los Derechos Humanos y de un trabajo de diálogo que permita ir afrontando la búsqueda de consensos más amplios sobre el marco de convivencia. Respecto a la primera cuestión, denunciar situaciones en las que se encuentran vulnerados Derechos Humanos fundamentales no alimenta a ETA, como algunos pretenden afirmar, sino que demuestra la fortaleza de toda una sociedad por construir un espacio de respeto a unas bases éticas de convivencia. En cuanto al diálogo, aun siendo conscientes de las dificultades que plantea la violencia de ETA para alcanzar acuerdos amplios, eso no impide que se vayan construyendo las bases para fortalecer ese diálogo y convertirlo en resolutivo cuando se den las condiciones necesarias.
La violencia de ETA es absolutamente rechazable. En cambio, no es justificable que se utilice como condicionante para denunciar otras vulneraciones de Derechos Humanos o bloquear permanentemente el diálogo sobre el marco de convivencia. Tampoco puede ser utilizada como baza para reforzar las posiciones propias, generando una esperanza que no termina nunca de concretarse. La Izquierda abertzale tiene una importante responsabilidad que cumplir. Un llamamiento claro y nítido a ETA reclamando el final de la violencia y una apuesta por las vías exclusivamente pacíficas y democráticas desbloquearía la situación actual y, previsiblemente, impulsaría de manera definitiva un proceso de pacificación que también puede ayudar a promover un diálogo resolutivo que culminase con un acuerdo amplio para la convivencia.
Una conclusión. La situación que vive la sociedad vasca no es inevitable. Hay que mantener una posición clara respecto a ETA, expresando que la sociedad vasca, el sujeto principal del “conflicto” al que siempre aluden para justificar la violencia, quiere gestionar sus problemas de manera pacífica y democrática. Tampoco hay que caer en la autoflagelación continua por no ser suficientemente contundentes al deslegitimar la violencia, porque ya se ha expresado nítidamente el rechazo a la misma. El gran reto que tenemos como sociedad es fomentar el respeto a los Derechos Humanos y contribuir a la convivencia por medio del diálogo y el acuerdo. Este objetivo requiere algo más que movilizaciones. La participación ciudadana puede ser una buena herramienta para que la voz de la sociedad sea escuchada y respetada.
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