He podido leer hoy en Etengabe, el blog del Movimiento pro Amnistia de Uribe Kosta, que a día de hoy son 753 los presos pertenecientes a lo que denominan EPPK (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa – Colectivo de Presos Políticos Vascos). En esa página está disponible el listado de presos tanto en España como en Francia y otros lugares.
Destaca que en esa lista no aparecen ni Carmen Gisasola ni Joseba Urrusolo, que escribieron una carta al Gara respecto a la situación de los propios presos. Por otra parte, aparecen como integrantes algunas de las personas que recientemente han sido condenadas en el juicio contra Gestoras, como Julen Zelarain y Aitor Jugo, y miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, como Pernando Barrena.
No tengo datos para afirmar si es la cifra más elevada de presos en los últimos 30 años, aunque en todo caso es muy alta. Las recientes reformas del Código Penal han hecho que las condenas estén muy cerca de la frontera de una cadena perpetua de facto, la Doctrina Parot ha alargado las condenas y también se ha condenado o se mantiene en prisión preventiva a líderes de organizaciones políticas y sociales. También hay que subrayar que la presión policial sobre ETA se ha intensificado en los últimos meses.
Me quedo con un párrafo del artículo de Carmen Gisasola y Joseba Urrusolo:
Pensamos que había que haber seguido con los acuerdos de Loiola, porque la garantía de que esos acuerdos se cumplan están en las dinámicas políticas que se generen al ir dando pasos y avanzar en un proceso de paz, en las dinámicas e ilusión que se creen en la sociedad y no en el supuesto papel de garante que la organización armada pueda aportar en este sentido.
Me consta la ilusión que había despertado el proceso de paz en muchos presos y como decía una víctima de ETA en uno de los Foros de diálogo organizados en Mungia la pasada semana “jamas seré capaz de perdonar a ETA pero entiendo que la dispersión de presos es un castigo para las familias, las cuales no habían cometido ningún delito para ser tratadas así”.
El Gobierno anunció ayer que va a promover una reforma del Código Penal para que pederastas y terroristas puedan ser condenados a una pena accesoria de libertad vigilada durante 20 años. La noticia se puede leer en todos los medios pero aquí os dejo lo que dicen Público, El Correo, Gara y Deia.
Vivimos tiempos en los que los medios de comunicación tienen una gran capacidad para crear alarma social. Los casos del asesinato de la niña Mari Luz o el de la excarcelación de De Juana han copado muchas páginas y minutos en la prensa, la televisión y la radio. Generalmente, la respuesta de gobiernos y partidos a esta alarma social es responder con más dureza, impulsando reformas urgentes del Código Penal. Y ya se sabe, las prisas son malas consejeras.
No queda muy claro leyendo las anteriores informaciones a quién y cómo se aplicarán estas medidas. Se puede deducir que serán de aplicación a los reincidentes. Por otra parte, se apunta a un criterio muy subjetivo: “a los que presenten a los ojos de la administración riesgo de reanudar sus crímenes tras su salida de prisión”. Esta última parte da un poco de miedo porque se otorga a la administración una capacidad de discrecionalidad muy alejada de los principios garantistas que deben guiar la legislación penal. Como recuerda el Gara citando las declaraciones del profesor de Derecho COnstitucional Gerardo Ruíz, en un reportaje publicado por El País en agosto, “colocaría al sujeto en una situación de privación de algunos de los derechos vinculados con la dignidad humana y supondría una pena adicional encubierta”. Estas penas nuevas pueden consistir en vigilancias por parte de las fuerzas de seguridad, personaciones en el juzgado, tratamientos médicos y psiquiátricos, la obligación de portar pulseras telemáticas o de asistir a programas formativos.
El principal problema de estas medidas es que pueden ser lógicas y ajustadas en unos casos y no tanto en otros. ¿Cómo se determina si están reinsertados? No quiero meterme en el caso de los pederastas porque no lo controlo pero sí en el de los presos de ETA. Supongamos que uno sale de la carcel sin estar arrepentido pero no quiere volver a ejercer la violencia,¿está reinsertado o hay que aplicarle estas medidas? Hay que ser muy cuidadoso. No veo grandes diferencias entre la libertad condicional y esa obligación de acudir al juzgado con regularidad.
Por otra parte, he podido leer en el Gara y en El Correo que el preso de ETA Juan Jose Rego ha iniciado una huelga de hambre. Sufre de una enfermedad cerebrovascular, de diabetes mellitus y de hipertensión desde hace más de 15 años, enfermedades todas ellas graves, por lo que iba a ser trasladado al Hospital de Donostia. Finalmente el traslado no se ha producido y por ello ha declarado la huelga de hambre. He aquí la realidad. Por un lado se pretende endurecer las condenas y por otro se niega la atención debida y Derechos Humanos básicos a los presos. Si esta es la receta para combatir a ETA se consigue el efecto contrario. La respuesta a ETA debe ser más democracia y más Derechos Humanos, para dejarla sin oxigeno justificador de su violencia injustificable.
El Gara publica una nueva noticia sobre la reunión ETA-Gobierno de diciembre. No resisto la tentación de comentar las afirmaciones que en esta noticia se hacen, partiendo de que las voy a dar por buenas.
Os animo a leer esta noticia del Gara
sobre las conversaciones entre ETA y el Gobierno, y los compromisos que alcanzaron ambos. A ver quién encuentra qué es lo que falta.
Según esta noticia, basada en un supuesto Zutabe capturado a un miembro de ETA, son dos las condiciones que la propia ETA pone para la negociación: 1) legalizar a Batasuna, y 2) acercar a los presos.
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