La gran contradicción de la Ley de Partidos

En el momento en que se promulgo la Ley de Partidos se utilizaron varios argumentos y justificaciones para defender su aprobación. Por un lado, se dijo que había que dejar a Batasuna fuera de las instituciones. La Ley de Partidos fue, por tanto, una ley ad hoc, en la que se persigue dar una solución a un problema concreto y preexistente, con lo que sus disposiciones no son generales sino acomodadas a facilitar la salida pretendida, en este caso, la ilegalización de Batasuna. Basta con obsevar el artículo 9 de la Ley de Partidos para comprobar que todos los motivos para ilegalizar un partido están casi exclusivamente referidos al terrorismo.

Por otra parte, se justificó la necesidad de promulgar la Ley de Partidos para establecer un procedimiento garantista ante la ilegalización de un partido, dotando de mayores controles y medios de defensa que los previstos en la vía penal prevista en el artículo 520 del Código Penal, referido a la disolución de las asociaciones ilícitas, ya que los partidos políticos están protegidos constitucionalmente, concretamente en el artículo 6.

El problema ha sido que Batasuna fue ilegalizada y considerada organización terrorista y, por lo tanto, ilícita. Basta con que un juez considere que hay indicios de relación entre Batasuna y una nueva formación política para que ésta sea sospechosa de ser una banda armada, sus actividades sean suspendidas y sus miembros acusados de pertenencia o colaboración con grupo terrorista. Incluso el artículo 10 de la Ley de Partidos dispone que “la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes: 1. Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal”.

De esta manera, la Ley de Partidos ha sido superada y ya no es necesaria una vez que fue ilegalizada Batasuna, ya que aplicando el Código Penal se logra el objetivo deseado. Ahora la única razón de ser de la Ley de Partidos es dar una pátina de legalidad y garantías a nuevas ilegalizaciones de formaciones cercanas a la Izquierda Abertzale. De hecho, las ilegalizaciones de ANV y EHAK vinieron precedidas por la decisión de Garzón de suspender sus actividades, lo que en la práctica supuso su disolución.

Más allá de estas consideraciones, el hecho cierto es que D3M no podrá presentarse a las elecciones. Sus principales promotores están detenidos acusados de relación con Batasuna y es muy dudoso que puedan articular una defensa eficaz cuando queda tan poco tiempo para formalizar las candidaturas. El supuesto sistema de garantías ha sido superado y el daño causado es ya irreparable. De todo ello hablamos en la nota de prensa que hoy ha publicado Lokarri.

La legalización de Batasuna

“El PSE-EE advirtió ayer a la izquierda abertzale de que si quiere presentarse a los comicios municipales y forales del próximo mes de mayo debería legalizarse y no recurrir a subterfugios como las plataformas electorales.”

(El Correo. 5 de diciembre de 2006)

Parece una cuestión verbal, el PSE dice a Batasuna que se legalice (es decir, que acepte la Ley de Partidos) y Batasuna quiere ser legal (pero sin aceptar la Ley de Partidos).

Aunque parezca una cuestión legal, encierra una gran carga simbólica. Seguramente el Gobierno considera que derogar la Ley de Partidos supone dar artillería dialéctica al PP, mientras que Batasuna no puede justificar ante sus bases la aceptación de la Ley de Partidos.

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