Hoy El Correo da a conocer que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco está preparando el proyecto para que el testimonio de las víctimas sea obligatorio en los colegios vascos. Esta noticia ha motivado que en Lokarri hayamos preparado una nota de prensa en la que hemos querido destacar algunas cuestiones: 1) la necesidad de que el testimonio de las víctimas sea plural, 2) que sea constructivo y 3) que se inicie un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas para diseñar y aprobar este proyecto.
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De vez en cuando te llevas una alegría. Es lo que me ha ocurrido al saber que el Parlamento Vasco ha aprobado por unanimidad una resolución en la que insta al Gobierno Vasco a presentar en un plazo de seis meses una primera batería de propuestas dirigidas a reparar y reconocer a las denominadas víctimas de violencia de motivación política.
El principal contenido de la propuesta aprobada es un encargo a la Oficina de Atención a Víctimas del Gobierno Vasco para que complete el informe sobre víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la violencia de motivación política. Este trabajo fue presentado por Jon Landa, director de Derechos Humanos del anterior gobierno, y representa un estudio riguroso que recoge las vulneraciones del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, grupos parapoliciales, ultras y otros.
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Ayer asistí al comienzo del juicio a los responsables de Egunkaria para mostrarles el apoyo de Lokarri. Estuvo presente una amplia representación de partidos políticos, sindicatos y personas relacionadas con la cultura y el euskera. Como dijo Aintzane Bolinaga en la entrevista que me hizo para Graffiti de Radio Euskadi, allí se vio la foto del apoyo de una parte de la sociedad vasca, aunque faltaba la otra. Es cierto. No había nadie del Gobierno Vasco, el Partido Socialista o el PP. Actualizo: Josu Mendicute me indica en Twitter que Ramon Etxezarreta, viceconsejero de política lingüística ha publicado una carta de apoyo en el Diario Vasco. Es de agredecer su postura.
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Ya tenemos entre nosotros una nueva entrega de ética periodística a cargo de El Mundo. Resulta que Carmelo Barrio ha presentado una pregunta en el Parlamento Vasco para que el Departamento de Justicia explique que subvenciones hemos recibido Lokarri y Baketik en los años 2008 y 2009.
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La actualidad manda y no he podido comentar en el blog que Lokarri ha presentado el informe del Observatorio social del proceso de paz correspondiente al verano de 2009. Los resultados son muy interesantes y os animo a dedicar un poco de tiempo a leer el informe (también está disponible para su descarga directa y en Scribd). Es reseñable que poco a poco vamos logrando que aumente la participación. Si en primavera respondieron al cuestionario 733 personas, ahora lo han hecho 1.248.
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¡Qué nadie se alarme! No es un artículo surrealista, simplemente no se me ocurría otro título para compartir con vosotros algunos temas que he podido seguir en la blogosfera. No quiero que suene a broma porque muchas de estas cuestiones son muy serias.
Comencemos con el tema de las fotos de presos de ETA, aunque, como me indicaba Juanjo del Foro de Lokarri de Indautxu, estoy siendo un poco monotemático. Esta semana nos ha visitado Martin Scheinen, catedrático de Derecho Internacional Público y relator especial de la ONU para los Derechos Humanos y la lucha antiterrorista, y ha afirmado que tras la exhibición de fotos de presos de ETA hay “una motivación más humana que una incitación a la violencia”. La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar e Idoia Mendia, portavoz del Gobierno Vasco, ha insistido en el argumento que empleo la semana pasada en un artículo de su blog: la exhibición de fotos puede ser, dependiendo del contexto, atentatoria de la memoria de las víctimas de actos terroristas (de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo).
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Por supuesto esto no lo digo yo. Es lo que me ha soltado un alto responsable del Gobierno Vasco en una reunión que hemos mantenido hoy. No daré más datos porque el contenido de este tipo de encuentros debe mantenerse en el ámbito de la discreción. Lo comento porque me ha llamado mucho la atención.
No sé cómo se puede llegar a esa conclusión. Si se repasan los últimos comunicados que Lokarri ha hecho públicos en relación al asesinato de Eduardo Puelles y al atentado en Mallorca, no puede haber lugar para la duda. Es cierto que no utilizamos la palabra condena, tampoco tenemos el cartel de “ETA no” en nuestra web ni empleamos el insulto para referirnos a la propia ETA. Tenemos nuestra propia terminología, igual de clara que otras. ¿Por qué se tiene entonces esta impresión?
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Como muchos ya sabréis, a mediados de agosto se hizo pública la concesión de subvenciones del Gobierno Vasco a las asociaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos. No quiero pensar mal, pero me extraña que se haya anunciado a mediados de agosto, como si el Gobierno hubiera querido impedir que se conozca la noticia.
Lokarri ha recibido 7.000 euros, casi un 80 % menos de lo recibido el año pasado. No ha sido ninguna sorpresa porque la propia consejera Idoia Mendia ya había hecho declaraciones en la línea de que se iban a cambiar el reparto de las ayudas y que organizaciones como Lokarri verían reducida la aportación.
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Maixabel Lasa, directora de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, ha comparecido en la Comisión de Derechos Humanos para anunciar su programa de cara a los próximos cuatro años. De sus palabras pueden extraerse tres ideas positivas: 1) se ampliará el reconocimiento como víctimas a los afectados por los GAL, 2) no se parte de cero en la atención a las víctimas y 3) se perciben síntomas de fatiga y cansancio social en torno a los homenajes e iniciativas de reconocimiento. En cambio, hay dos cuestiones que conviene puntualizar: 1) se acumula dos años de retraso en el reconocimiento a las víctimas de los GAL, 2) no se hace mención a las víctimas causadas por acciones de los Cuerpos de Seguridad con evidente abuso de poder y 3) se afirma la voluntad de no equipararlas con las víctimas de ETA.
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Parece que los mensajes en torno a la paz, el rechazo a la violencia y la necesidad de diálogo se han instalado en la resignación. Tras el último atentado de ETA, el asesinato de Eduardo Pueyes, se han transmitido dos mensajes fundamentales. En primer lugar, que la sociedad vasca únicamente tiene un papel que cumplir deslegitimando la violencia. En segundo lugar, que es necesaria la unidad de los partidos democráticos frente a la violencia. Ambas ideas encierran un llamamiento a la pasividad, no a contribuir de manera efectiva para que la paz, el diálogo y el acuerdo sean posibles.
La foto es de Roberto Cacho
La sociedad vasca ha mantenido durante los últimos años un posicionamiento claro y firme en contra de la violencia de ETA y a favor de todos los derechos humanos de todas las personas. No hay un déficit en los pronunciamientos reclamando el fin de la violencia, aunque se haya podido leer y escuchar en los medios de comunicación que la sociedad vasca está enferma y que carece de un posicionamiento moral claro y contundente frente a ETA. Nada más lejos de la realidad. La sociedad vasca ha sido y es el principal activo por la paz. Por mucho que desde las instituciones públicas y los partidos políticos se hubiese impulsado la movilización frente a ETA, sin la participación de la ciudadanía la contribución a la paz no hubiera dado resultado. Es más, en muchos momentos de nuestra historia reciente la movilización ciudadana ha ido por delante de los propios representantes políticos.
Ahora bien, en los últimos años la movilización ciudadana contra la violencia ha venido acompañada también por la reivindicación activa del diálogo como camino para buscar una solución compartida a los problemas que afectan a la sociedad vasca. En este sentido, se percibe que desde las instituciones públicas, principalmente el Gobierno Vasco, se hacen llamamientos a dialogar poco concretos, principalmente centrados en buscar acuerdos entre los partidos para combatir el terrorismo, dejando a un lado el diálogo sobre cuestiones políticas y condicionándolo al final de la violencia. Este diálogo ofrece una contribución muy limitada a los esfuerzos por la paz y la mejora de la convivencia.
Las instituciones públicas, el Gobierno Vasco y los partidos políticos tienen que asumir su papel de impulsores activos de la paz y la convivencia. Una posición de resistencia pasiva frente a la violencia es muy limitada y ofrece escasos resultados. Debe ir acompañada de una política activa de legitimación de todos los Derechos Humanos y de un trabajo de diálogo que permita ir afrontando la búsqueda de consensos más amplios sobre el marco de convivencia. Respecto a la primera cuestión, denunciar situaciones en las que se encuentran vulnerados Derechos Humanos fundamentales no alimenta a ETA, como algunos pretenden afirmar, sino que demuestra la fortaleza de toda una sociedad por construir un espacio de respeto a unas bases éticas de convivencia. En cuanto al diálogo, aun siendo conscientes de las dificultades que plantea la violencia de ETA para alcanzar acuerdos amplios, eso no impide que se vayan construyendo las bases para fortalecer ese diálogo y convertirlo en resolutivo cuando se den las condiciones necesarias.
La violencia de ETA es absolutamente rechazable. En cambio, no es justificable que se utilice como condicionante para denunciar otras vulneraciones de Derechos Humanos o bloquear permanentemente el diálogo sobre el marco de convivencia. Tampoco puede ser utilizada como baza para reforzar las posiciones propias, generando una esperanza que no termina nunca de concretarse. La Izquierda abertzale tiene una importante responsabilidad que cumplir. Un llamamiento claro y nítido a ETA reclamando el final de la violencia y una apuesta por las vías exclusivamente pacíficas y democráticas desbloquearía la situación actual y, previsiblemente, impulsaría de manera definitiva un proceso de pacificación que también puede ayudar a promover un diálogo resolutivo que culminase con un acuerdo amplio para la convivencia.
Una conclusión. La situación que vive la sociedad vasca no es inevitable. Hay que mantener una posición clara respecto a ETA, expresando que la sociedad vasca, el sujeto principal del “conflicto” al que siempre aluden para justificar la violencia, quiere gestionar sus problemas de manera pacífica y democrática. Tampoco hay que caer en la autoflagelación continua por no ser suficientemente contundentes al deslegitimar la violencia, porque ya se ha expresado nítidamente el rechazo a la misma. El gran reto que tenemos como sociedad es fomentar el respeto a los Derechos Humanos y contribuir a la convivencia por medio del diálogo y el acuerdo. Este objetivo requiere algo más que movilizaciones. La participación ciudadana puede ser una buena herramienta para que la voz de la sociedad sea escuchada y respetada.
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