Una reflexión sobre el asesinato cometido por ETA

Ha llegado un momento grave e importante en relación a la expectativa de abrir una nueva oportunidad para la paz que se ha generado en las últimas semanas. Debo reconocer que no había contemplado este escenario. He reflexionado bastante sobre un alto el fuego de ETA, si debía ir precedido por una declaración de Ezker Abertzalea, o sobre lo que podía ocurrir en el caso de un nuevo atentado. En cambio, ni se me había pasado por la cabeza que ETA pudiese matar un policía en un control tras robar unos coches y mucho menos que pudiese suceder en Francia.

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Más implicación

Leo en El Correo que “El PNV reclama que la sociedad se «implique más» en apoyo a la consulta”. Sin duda alguna la sociedad vasca tiene la oportunidad de moverse en favor de la paz, el diálogo, el acuerdo y la consulta pero para conseguirlo hay que generar información, participación y ofrecer canales para la movilización. Precisamente, esto último es lo que echo en falta. No hay que tener prisa pero tampoco está claro qué puede hacer ahora un ciudadano/a para defender su derecho a participar en una consulta popular. Es necesario incentivar esa implicación con acciones concretas.

Por otra parte, tampoco hay que caer en la tentación de dejar en manos de la ciudadanía toda la responsabilidad de salir en defensa de la consulta. Hay que combinar las iniciativas políticas con las sociales. Espero que en próximos días se den a conocer las acciones dirigidas a defender y reivindicar la consulta. Ahora en Lokarri estamos trabajando en el diseño de varias iniciativas para reivindicar la consulta y espero que la semana que viene ya podamos presentarlas.

Aprovecho para dejaros el enlace a un artículo de opinión de Iñaki Lekuona en Gara en el que hace mención a la reforma de la Constitución Francesa aprovando la posibilidad de convocar consultas populares impulsadas por la ciudadanía, que precisamente comenté en un post anterior.

Editado: Me ha ocurrido lo habitual cuando te fías de un medio de comunicación sin consultar las fuentes. Aquí dejo lo que ha dicho exactamente Joseba Egibar en la noticia a la que hago referencia en el post:

En clave de autocrítica, ha reivindicado la implicación de la sociedad en el proceso y ha remarcado que “el error –la falta de participación de la ciudadanía- no está tanto en la sociedad como en los políticos”. En este sentido, ha explicado que “quien nos combate, primero política y después judicialmente, tiene una medición de nuestra situación”. De forma que “primero se produce una discusión a nivel político, en el ámbito institucional, y, en última instancia, la clase política que no coincide con tu opinión y combate tu estrategia se refugia en el brazo judicial, con lo cual nos corta la iniciativa”. Por este motivo, considera “pertinente e imprescindible que la implicación de la sociedad, de la ciudadanía que así lo entienda, se produzca desde el primer momento porque esta carrera es larga, de resistencia”.

Que sirva para retificar mi error y pedir disculpas.

La reforma de la Constitución Francesa reconoce la iniciativa popular en la convocatoria de referéndums

Sesión del Parlamento Francesa en la que se aprueba la reforma de la Constitución

Ayer lunes, 22 de julio, la Asamblea Francesa ha aprobado una reforma de su Constitución. Son muy diversas las medidas aprobadas pero me voy a quedar con una de ellas. Concretamente, se ha reconocido la posibilidad de que la ciudadanía francesa promueva la celebración de referéndums. El mecanismo que se ha escogido es mixto, no basta sólo con recoger firmas ciudadanas. Las personas que lo promuevan deben lograr el apoyo del 10 % de los electores inscritos y de 1/5 de los miembros del Parlamento.

Son unas condiciones bastante complicadas de cumplir. No conozco el número concreto de electores inscritos pero debe ser alto, dado que en Francia viven 63 millones de personas. Así, creo que la cifra necesaria de firmas será de, al menos, 4 millones de personas. Por otra parte, la Asamblea Nacional Francesa tiene 577 escaños y el Senado 330, lo que suman 907 parlamentarios. Según esta reforma aprobada será necesario el apoyo de 182 de ellos para convocar el referéndum. Observando la composición actual de la Asamblea y del Senado únicamente los dos grandes partidos, la UMP del Presidente Sarkozy y el Partido Socialista, tienen la fuerza suficiente como para impulsar un referéndum de este tipo.

La reforma indica que si se convoca un referéndum por esta vía la iniciativa adopta la forma de un proyecto de ley y no podrá tener como objetivo oponerse o derogar una disposición promulgada por el Parlamento el año anterior. También establece que las condiciones concretas de su presentación se determinarán mediante una ley orgánica. Finalmente esta reforma también impide que, cuando el proyecto de ley no haya sido aprobado por el pueblo francés, haya una nueva propuesta de referéndum sobre el mismo tema antes de la expiración del plazo de dos años siguientes a la fecha de celebración del referéndum. (Podéis consultar la reforma completa de la constitución francesa en la página web de la Asamblea Nacional, más concretamente esta figura del referéndum aparece en el artículo 3 bis de la reforma).

Es también significativo que según una encuesta publicada por Le Monde un 86 % de la población se muestra partidaria de la creación de la figura del referéndum de iniciativa popular.

En definitiva, nuestra vecina Francia flexibiliza las condiciones para la convocatoria de referéndums y permite la iniciativa ciudadana en esta materia, aunque de manera limitada. Esta novedad es el resultado de una mayor apertura a la profundización del sistema democrático en aras de facilitar la participación directa de la ciudadanía y conecta con la tendencia generalizada en Europa de ir normalizando la figura del referéndum y las consultas populares. Esta realidad contrasta con la española, cuya legislación es muy restrictiva en esta materia y además su interpretación dificulta aún más su convocatoria. No sólo no se contempla la figura de la iniciativa ciudadana para la convocatoria de consultas, sino que además, cuando la convoca una institución, como el Parlamento Vasco, se opta por la vía de la suspensión y la prohibición, como recientemente ha hecho el Gobierno de Zapatero y ha decidido el Tribunal Constitucional.