La gran contradicción de la Ley de Partidos

En el momento en que se promulgo la Ley de Partidos se utilizaron varios argumentos y justificaciones para defender su aprobación. Por un lado, se dijo que había que dejar a Batasuna fuera de las instituciones. La Ley de Partidos fue, por tanto, una ley ad hoc, en la que se persigue dar una solución a un problema concreto y preexistente, con lo que sus disposiciones no son generales sino acomodadas a facilitar la salida pretendida, en este caso, la ilegalización de Batasuna. Basta con obsevar el artículo 9 de la Ley de Partidos para comprobar que todos los motivos para ilegalizar un partido están casi exclusivamente referidos al terrorismo.

Por otra parte, se justificó la necesidad de promulgar la Ley de Partidos para establecer un procedimiento garantista ante la ilegalización de un partido, dotando de mayores controles y medios de defensa que los previstos en la vía penal prevista en el artículo 520 del Código Penal, referido a la disolución de las asociaciones ilícitas, ya que los partidos políticos están protegidos constitucionalmente, concretamente en el artículo 6.

El problema ha sido que Batasuna fue ilegalizada y considerada organización terrorista y, por lo tanto, ilícita. Basta con que un juez considere que hay indicios de relación entre Batasuna y una nueva formación política para que ésta sea sospechosa de ser una banda armada, sus actividades sean suspendidas y sus miembros acusados de pertenencia o colaboración con grupo terrorista. Incluso el artículo 10 de la Ley de Partidos dispone que “la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes: 1. Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal”.

De esta manera, la Ley de Partidos ha sido superada y ya no es necesaria una vez que fue ilegalizada Batasuna, ya que aplicando el Código Penal se logra el objetivo deseado. Ahora la única razón de ser de la Ley de Partidos es dar una pátina de legalidad y garantías a nuevas ilegalizaciones de formaciones cercanas a la Izquierda Abertzale. De hecho, las ilegalizaciones de ANV y EHAK vinieron precedidas por la decisión de Garzón de suspender sus actividades, lo que en la práctica supuso su disolución.

Más allá de estas consideraciones, el hecho cierto es que D3M no podrá presentarse a las elecciones. Sus principales promotores están detenidos acusados de relación con Batasuna y es muy dudoso que puedan articular una defensa eficaz cuando queda tan poco tiempo para formalizar las candidaturas. El supuesto sistema de garantías ha sido superado y el daño causado es ya irreparable. De todo ello hablamos en la nota de prensa que hoy ha publicado Lokarri.

D3M y Askatasuna

d3m.jpgLa semana pasada Lokarri hizo público un comunicado para defender que D3M tiene Derecho a presentarse a las elecciones. Nuestra única duda era si pedir a nuestros colaboradores y socios que acudiesen a depositar su firma para que esta plataforma pudiese cumplir con los trámites para formalizar candidaturas. Decidimos abrir una consulta interna para resolver la cuestión y la mayoría de las personas que participaron consideraron que no debíamos hacerlo. Más de 40 colaboradores de Lokarri dieron su opinión, una cifra que no está nada mal teniendo en cuenta que era la primera vez que decidíamos de esta manera el contenido de un pronunciamiento de Lokarri.

Desde un punto de vista de libertades democráticas D3M tiene todo el derecho a presentarse, pero políticamente se está repitiendo la misma estrategia que en el pasado, sabiendo que D3M no pasará el filtro. Muchas de las personas que promueven la plataforma ya han participado en el lanzamiento de candidaturas anteriormente ilegalizadas, por lo que no cabe ninguna duda sobre el resultado final. En esta tesitura hay que denunciar esta posible ilegalización, pero no contribuir en una dinámica que no aporta soluciones.

Ahora se ha podido conocer por los medios de comunicación que un partido político creado en 1998, Askatasuna, ya ha iniciado los trámites para poder presentarse a las elecciones. Se da por supuesto que esta formación es el intento de la Izquierda Abertzale representada por Batasuna para poder participar el 1 de marzo. No tengo datos suficientes para afirmar que esto sea así más allá de lo que comentan los medios. Si se confirma este detalle, nuevamente se estará repitiendo la estrategia que llevo a ANV y EHAK a las elecciones, es decir, presentar primero una lista a sabiendas de que va a ser ilegalizada y, al mismo tiempo, impulsar un partido que no pueda ser ilegalizado o suspendido en sus actividades.

En estas circunstancias considero que fue un acierto no trasladar un llamamiento a acudir a firmar, ya que la ciudadanía nuevamente se ve inmersa en la dinámica de hacer un esfuerzo cuando los promotores de la plataforma saben que no tiene más valor que el meramente simbólico de denunciar la Ley de Partidos. Además, estas firmas serán utilizadas para afirmar que las elecciones son antidemocráticas porque una plataforma ha sido ilegalizada.

La Izquierda Abertzale representada por Batasuna debería analizar a qué conduce esta dinámica. Si Askatasuna obtiene representantes, forma grupo parlamentario y posteriormente es ilegalizada volveremos a vivir escenas ya conocidas con Batasuna y EHAK. Es necesario que este sector político haga un análisis realista porque esta estrategia únicamente es válida para resistir, no para ganar, como propone el propio Arnaldo Otegi. La salida pasa por una apuesta inequívoca por la política. Con esta afirmación no estoy proponiendo que Batasuna condene la violencia, sino que ETA deje vía libre poniendo fin a la propia violencia. Me reitero en que Batasuna tiene derecho a presentarse a las elecciones incluso estando presente ETA. Lo que planteo es la necesidad de que haya un cambio de rumbo ya que el actual sólo conduce a una repetición incesante de los mismos hechos y a la incapacidad para buscar soluciones de futuro que permitan el avance hacia la paz y la normalización.