Ayer lunes, 22 de julio, la Asamblea Francesa ha aprobado una reforma de su Constitución. Son muy diversas las medidas aprobadas pero me voy a quedar con una de ellas. Concretamente, se ha reconocido la posibilidad de que la ciudadanía francesa promueva la celebración de referéndums. El mecanismo que se ha escogido es mixto, no basta sólo con recoger firmas ciudadanas. Las personas que lo promuevan deben lograr el apoyo del 10 % de los electores inscritos y de 1/5 de los miembros del Parlamento.
Son unas condiciones bastante complicadas de cumplir. No conozco el número concreto de electores inscritos pero debe ser alto, dado que en Francia viven 63 millones de personas. Así, creo que la cifra necesaria de firmas será de, al menos, 4 millones de personas. Por otra parte, la Asamblea Nacional Francesa tiene 577 escaños y el Senado 330, lo que suman 907 parlamentarios. Según esta reforma aprobada será necesario el apoyo de 182 de ellos para convocar el referéndum. Observando la composición actual de la Asamblea y del Senado únicamente los dos grandes partidos, la UMP del Presidente Sarkozy y el Partido Socialista, tienen la fuerza suficiente como para impulsar un referéndum de este tipo.
La reforma indica que si se convoca un referéndum por esta vía la iniciativa adopta la forma de un proyecto de ley y no podrá tener como objetivo oponerse o derogar una disposición promulgada por el Parlamento el año anterior. También establece que las condiciones concretas de su presentación se determinarán mediante una ley orgánica. Finalmente esta reforma también impide que, cuando el proyecto de ley no haya sido aprobado por el pueblo francés, haya una nueva propuesta de referéndum sobre el mismo tema antes de la expiración del plazo de dos años siguientes a la fecha de celebración del referéndum. (Podéis consultar la reforma completa de la constitución francesa en la página web de la Asamblea Nacional, más concretamente esta figura del referéndum aparece en el artículo 3 bis de la reforma).
Es también significativo que según una encuesta publicada por Le Monde un 86 % de la población se muestra partidaria de la creación de la figura del referéndum de iniciativa popular.
En definitiva, nuestra vecina Francia flexibiliza las condiciones para la convocatoria de referéndums y permite la iniciativa ciudadana en esta materia, aunque de manera limitada. Esta novedad es el resultado de una mayor apertura a la profundización del sistema democrático en aras de facilitar la participación directa de la ciudadanía y conecta con la tendencia generalizada en Europa de ir normalizando la figura del referéndum y las consultas populares. Esta realidad contrasta con la española, cuya legislación es muy restrictiva en esta materia y además su interpretación dificulta aún más su convocatoria. No sólo no se contempla la figura de la iniciativa ciudadana para la convocatoria de consultas, sino que además, cuando la convoca una institución, como el Parlamento Vasco, se opta por la vía de la suspensión y la prohibición, como recientemente ha hecho el Gobierno de Zapatero y ha decidido el Tribunal Constitucional.